El 3 de marzo, las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre las políticas económicas y financieras que serán respaldadas por un Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) de 30 meses (el “Acuerdo”). Conforme a lo exigido por la legislación argentina, este y cualquier programa o acuerdo futuro que se celebre con el FMI requerirá una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. En este sentido, el Acuerdo fue remitido para su aprobación por el Congreso de la Nación en los términos de la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Este proyecto de ley, relativo a la aprobación del “Acuerdo de Refinanciación de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, incluye como anexos todos los documentos que integran el acuerdo, es decir, el Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando Técnico de Entendimiento. Asimismo, una vez aprobado el programa por el Congreso de la Nación, el acuerdo a nivel técnico queda sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
El Acuerdo
El Acuerdo solicita acceso a Derechos Especiales de Giro (DEG) por 31.914 millones, equivalentes a USD 45.000 millones o al 1000% de la cuota. Su objetivo es brindar a la Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más urgentes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos mediante la implementación de medidas orientadas a promover el crecimiento y proteger programas sociales esenciales.
Prevé 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará tras la aprobación del programa por el Directorio del FMI. Los desembolsos restantes se efectuarán una vez completada cada revisión. El plazo de reembolso de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica que los pagos comenzarán en 2026 y finalizarán en 2034.
Bajo un enfoque integral, el Gobierno y el FMI coincidieron en que la inflación es un fenómeno multicausal que se abordará de manera simultánea: logrando crecimiento mediante el sostenimiento de las exportaciones para fortalecer las reservas internacionales, mejorando el perfil de financiamiento de la política pública y reduciendo gradualmente el financiamiento monetario. No se prevé un salto del tipo de cambio; la política cambiaria seguirá en línea con el objetivo de acumulación de reservas internacionales para promover la resiliencia en el frente externo y estabilizar las expectativas. Además, se fija una meta de aumento de reservas de al menos USD 5.800 millones para 2022.
Objetivos del Acuerdo
El Acuerdo establece un programa que define un sendero de consolidación fiscal que constituirá uno de sus anclas de política fundamentales. El sendero fiscal acordado mejoraría de forma gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario. Cabe destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y en ciencia y tecnología, y proteger programas sociales focalizados.
El programa refuerza el compromiso con la estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria procurará asegurar la compatibilidad del tipo de cambio real en el mediano plazo con el objetivo de acumulación de reservas. Asimismo, se avanzará hacia una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y de la reducción gradual de su financiamiento monetario, así como hacia una implementación de la política monetaria que genere tasas de interés positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. De este modo, se propone una reducción gradual del déficit fiscal, compatible con un crecimiento moderado del gasto en términos reales, a fin de sostener la recuperación económica en curso, fortaleciendo al mismo tiempo el crédito y la moneda nacional. En concreto, se elaboró una estrategia plurianual de consolidación fiscal con el objetivo de alcanzar un déficit primario del 2,5% del PBI en 2022, que descendería al 1,9% del PBI en 2023 y al 0,9% del PBI en 2024.
Otro aspecto importante del Acuerdo se vincula con las políticas energéticas. En tal sentido, se elaborará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones para: (i) incentivar la inversión privada y pública a fin de aumentar la generación y transmisión de energía, incluida la construcción de gasoductos y la ampliación de la capacidad de producción de GNL y de energías renovables; (ii) reducir las pérdidas del segmento de distribución mediante la mejora de la medición, la facturación y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación de los recursos; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas de energía para usuarios residenciales y no residenciales reflejen de manera más adecuada y previsible los costos mayoristas del gas y la electricidad.
En este sentido, uno de los objetivos es alcanzar niveles tarifarios razonables aplicables a los servicios públicos de gas y electricidad, observando los criterios de justicia y equidad distributiva y conforme a los parámetros objetivos pertinentes en cada caso. Estas revisiones alcanzarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales. Para los usuarios residenciales, se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial, según lo establecido por la Ley N.° 27.443. Este índice es publicado por el INDEC y estima la evolución de los salarios abonados, abarcando el sector privado registrado, el sector privado no registrado y el sector público. En el caso de los usuarios no residenciales, la propuesta establece el pago de la tarifa plena para los Grandes Usuarios de Distribuidoras y, para el resto, se realizará una revisión tarifaria conforme a la propuesta que se defina en la audiencia pública convocada para fines de abril de 2022.
Implementación
El Ministerio de Economía indicó que el primer desembolso sería de 7.000 millones de DEG al momento de la aprobación del programa por el Directorio Ejecutivo del FMI, lo que implicaría una primera transferencia de USD 9.700 millones, suficiente para cubrir los montos a pagar al organismo en los tres meses siguientes y dejar un saldo de USD 6.200 millones en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Al momento de la primera revisión, prevista para junio, el objetivo del Gobierno sería sumar USD 4.155 millones a las reservas del BCRA. Además, se espera otra transferencia de USD 4.155 millones para septiembre, mientras que tras la cuarta revisión, en diciembre, el monto a girar por el FMI, si la Argentina cumple las metas exigidas, sería de USD 6.230 millones. En total, a lo largo de 2022, el Tesoro recibiría USD 24.620 millones, USD 7.000 millones más que los vencimientos pendientes hasta fin de año. En esencia, permitirá al Gobierno refinanciar su deuda y obtener fondos frescos necesarios para el desarrollo de infraestructura.
En este sentido, el Gobierno expresó: “[p]revemos delinear una estrategia para la flexibilización gradual de los controles cambiarios, estableciendo las condiciones y los objetivos necesarios, incluido el apoyo a la recuperación gradual del acceso a los mercados internacionales a partir de 2025”, en referencia a un anexo del acuerdo que se publicará próximamente.
Asimismo, el Acuerdo establece un tope acumulado para el financiamiento del BCRA al Gobierno Federal[1], que comprende: (i) los Adelantos Transitorios del BCRA al Gobierno Federal, (ii) la distribución de Utilidades y (iii) la adquisición de deuda pública en el mercado primario o mediante compras directas a organismos públicos. El programa limita dicho financiamiento a 705.228 millones de pesos, equivalentes al 1% del PBI de 2022, a fines de diciembre de 2022. El tope para 2023 será del 0,6% del PBI, con financiamiento neto nulo en 2024.
A fin de ser coherente con el compromiso asumido en los acuerdos con el FMI de cumplir “criterios de desempeño continuos”, la institución se compromete a no: (i) imponer ni intensificar restricciones cambiarias, (ii) introducir ni modificar prácticas de tipos de cambio múltiples (PTCM), (iii) celebrar acuerdos bilaterales de pago incompatibles con el Artículo VIII del Convenio Constitutivo del FMI, y (iv) imponer ni intensificar restricciones a las importaciones por motivos de balanza de pagos (criterios de desempeño continuos).
En cuanto a la implementación del programa, las autoridades argentinas deben comprometerse a brindar determinada información solicitada por el personal técnico del FMI para que este pueda monitorear su avance. Además, deben proporcionar una serie de datos para el seguimiento de las variables económicas. Esta provisión de datos se divide en: (i) diaria, como los tipos de cambio nominales y el total de moneda emitida por el BCRA; (ii) semanal, como el balance del BCRA y las compras y ventas de títulos liquidados en distintas monedas, registradas y provistas por la Comisión Nacional de Valores; (iii) quincenal, como las tasas de interés de los instrumentos de deuda interna; (iv) mensual, como las fuentes de financiamiento fiscal y el financiamiento externo recibido; y (v) semestral, como las erogaciones del Gobierno Federal a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculadas con la cancelación de pasivos asociados a jubilaciones, coparticipación y asignación de gastos.
Ambas partes consideran que el Acuerdo es un programa pragmático y realista, con políticas económicas creíbles que apuntan a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a abordar los desafíos estructurales de la Argentina para lograr un crecimiento sostenible. De hecho, el FMI prevé que la economía argentina crezca entre un 3,5% y un 4% durante 2022 y que la inflación se desacelere a un rango de entre el 38% y el 48%, desde su nivel actual del 51%. Además, el Departamento de Comunicaciones del FMI emitió un comunicado en el que expresó que el FMI “espera continuar trabajando con las autoridades para apoyar a la Argentina y a su pueblo”.[2]
Una vez aprobado por el Congreso argentino y por el Directorio del FMI, el Acuerdo tendrá el potencial de aumentar el nivel de credibilidad y estabilidad económica de la Argentina, lo que atraerá más inversiones a la región, necesarias para fortalecer el Tesoro del Banco Central y superar la crisis socioeconómica.
Referencias
[1] Definido como: (Sector Público Nacional No Financiero) la administración central, las instituciones de la seguridad social, los organismos descentralizados (Administración Nacional) y el PAMI, los fondos fiduciarios y demás entes y empresas del Gobierno Federal.
[2] Comunicado de prensa N.° 22/56 del Departamento de Comunicaciones del FMI, 3 de marzo de 2022
Lo anterior es una recopilación de noticias de negocios publicadas en los medios.
Si necesita más información, comuníquese con Carlos Alfaro a cealfaro@alfarolaw.com.
