El 3 de marzo, las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo a nivel de personal sobre las políticas económicas y financieras que serán respaldadas por un Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de 30 meses de duración (el "Acuerdo"). Tal como lo exige la legislación argentina, éste y cualquier programa o acuerdo futuro que se emprenda con el FMI requerirá una Ley del Congreso Nacional argentino que lo apruebe expresamente. En este sentido, el Acuerdo ha sido sometido a la aprobación del Congreso Nacional en los términos de la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sustentabilidad de la Deuda Pública. Este proyecto de ley, relativo a la aprobación del "Acuerdo para la Refinanciación de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional", incluye como anexos todos los documentos que constituyen el acuerdo, es decir, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum Técnico de Entendimiento. Además, una vez que el programa sea aprobado por el Congreso Nacional Argentino, el acuerdo a nivel de staff estará sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

El Acuerdo

El Acuerdo solicita el acceso a los Derechos Especiales de Giro (DEG) 31.914 millones - equivalentes a 45.000 millones de dólares o al 1000% de la cuota. Su objetivo es proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para hacer frente a los retos económicos más acuciantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos mediante la aplicación de medidas destinadas a promover el crecimiento y proteger los programas sociales esenciales.

Incluye 10 revisiones que se realizarán trimestralmente durante dos años y medio. El primer desembolso se efectuará tras la aprobación del programa por el Directorio del FMI. Los desembolsos restantes se efectuarán tras la finalización de cada revisión. El periodo de amortización de cada desembolso es de 10 años, con un periodo de gracia de 4 años y medio, lo que implica que el reembolso comenzará en 2026 y finalizará en 2034.

En el marco de un enfoque global, el Gobierno y el FMI acordaron que la inflación es un fenómeno multicausal y que se abordará de forma simultánea: lograr el crecimiento sosteniendo las exportaciones para reforzar las reservas internacionales, mejorar el perfil de la financiación de las políticas públicas y reducir gradualmente la financiación monetaria. No se espera un aumento del tipo de cambio, la política cambiaria seguirá en línea con el objetivo de acumulación de reservas internacionales para promover la resiliencia en el frente externo y estabilizar las expectativas. Además, se establece un objetivo de crecimiento de las reservas de al menos 5.800 millones de USD para 2022.

Objetivos del Acuerdo

El Acuerdo establece un programa que define una senda de consolidación fiscal que constituirá un anclaje político clave del mismo. La senda fiscal acordada mejoraría de forma gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría la financiación monetaria. Y lo que es más importante, también permitiría aumentar el gasto en infraestructuras y ciencia y tecnología, así como proteger programas sociales específicos.

El programa refuerza el compromiso con la estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad de mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumular reservas. Además, se avanzará en el logro de una progresiva consolidación fiscal que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y la reducción gradual de su financiamiento monetario, así como una implementación de la política monetaria que resulte en tasas de interés positivas para fortalecer la demanda de activos en Pesos. Así, se propone una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales, a fin de sostener la recuperación económica en curso, fortaleciendo al mismo tiempo el crédito y la moneda doméstica. Concretamente, se ha desarrollado una estrategia plurianual de consolidación fiscal, con el objetivo de alcanzar un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, que se reduzca al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB en 2024.

Otro aspecto importante del Acuerdo está relacionado con las políticas energéticas. En este sentido, se desarrollará un plan energético a medio plazo que incluirá acciones para: (i) fomentar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energías renovables; (ii) reducir las pérdidas del segmento de distribución mejorando los contadores de energía, la facturación y la recaudación; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación de recursos; (iv) reforzar la orientación y progresión de las subvenciones energéticas; y (v) garantizar que, con el tiempo, las tarifas energéticas para usuarios residenciales y no residenciales reflejen mejor y de forma más predecible los costes mayoristas del gas y la electricidad.

En este sentido, uno de los objetivos es alcanzar niveles tarifarios razonables que puedan ser aplicados a los servicios públicos de gas y electricidad observando los estándares de justicia y equidad distributiva y de acuerdo con los parámetros objetivos relevantes para cada caso. Estas revisiones incluirán tanto a los usuarios residenciales como a los no residenciales. Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial, según lo establecido por la Ley Nº 27.443. Este índice coeficiente es publicado por el INDEC y estima la evolución de los salarios pagados, abarcando al sector privado registrado, al sector privado no registrado y al sector público. En el caso de los usuarios no residenciales, la propuesta establece el pago de la tarifa plena para los Grandes Usuarios Distribuidores, y para el resto se realizará una revisión tarifaria de acuerdo a la propuesta que se defina en la audiencia pública convocada para fines de abril de 2022.

Promulgación

El Ministerio de Economía señaló que el primer desembolso sería de 7.000 millones de DEG al momento de la aprobación del programa por parte del Directorio Ejecutivo del FMI, lo que implicaría una primera transferencia de 9.700 millones de dólares, que alcanzaría para cubrir los montos a pagar al organismo en los próximos tres meses y dejando un saldo de 6.200 millones de dólares en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el momento de la primera revisión, que tendrá lugar en junio, el objetivo del Gobierno sería añadir 4.155 millones de USD a las reservas del BCRA. Además, se espera otra transferencia de USD 4.155 millones para septiembre, mientras que después de la cuarta revisión, en diciembre, la suma que enviará el FMI, si Argentina cumple con las metas requeridas, sería de USD 6.230 millones. En total, a lo largo de 2022, el Tesoro recibiría 24.620 millones de dólares, 7.000 millones más que los vencimientos que restan hasta final de año. En esencia, permitirá al Gobierno refinanciar su deuda y obtener fondos frescos necesarios para el desarrollo de infraestructuras.

En este sentido, el Gobierno expresó "[p]royectamos esbozar una estrategia para la flexibilización gradual de los controles de cambio esbozando las condiciones y objetivos necesarios, incluido el apoyo al restablecimiento gradual del acceso a los mercados internacionales a partir de 2025", refiriéndose a un anexo del acuerdo que se publicará en breve.

Además, el Acuerdo establece un Límite Acumulativo al Financiamiento del BCRA al Gobierno Federal[1], que incluye: (i) las transferencias en descubierto del BCRA al Gobierno Federal (Adelantos Transitorios), (ii) la distribución de utilidades (Utilidades), y (iii) la adquisición de deuda pública en el mercado primario o mediante compras directas a instituciones públicas. El programa limita dicha financiación a 705.228 millones de pesos -equivalentes al 1% del PIB en 2022- a finales de diciembre de 2022. El tope para 2023 será del 0,6% del PIB, con financiación neta cero en 2024.

Para ser coherente con el compromiso asumido en los acuerdos del FMI de seguir un "criterio de actuación continua", la institución se compromete a no (i) imponer o intensificar ninguna restricción cambiaria, (ii) introducir o modificar Prácticas Monetarias Múltiples (MCP), (iii) celebrar acuerdos bilaterales de pago que sean incompatibles con el Artículo VIII del Convenio Constitutivo del FMI; e (iv) imponer o intensificar restricciones a la importación por razones de balanza de pagos (criterios de actuación continuos).

En cuanto a la implementación del programa, las autoridades argentinas deben comprometerse a suministrar cierta información solicitada por el staff del FMI para poder monitorear su progreso. Además de esto, las autoridades deben proporcionar una serie de datos para el seguimiento de las variables económicas. Esta provisión de datos se divide en: (i) diarios, como para los tipos de cambio nominales y el total de moneda emitida por el BCRA, (ii) semanales, como para el balance del BCRA y sobre las ventas y compras de títulos liquidados en distintas monedas, registrados y provistos por la Agencia Nacional de Valores, (iii) quincenales, como para las tasas de interés de los instrumentos de deuda interna, (iv) mensual, como para fuentes de financiamiento fiscal y financiamiento externo recibido, y (v) semestral, como para erogaciones del gobierno federal a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relacionadas con la liquidación de pasivos asociados a jubilaciones, coparticipación de ingresos y asignación de gastos.

Ambas partes consideran este Acuerdo como un programa pragmático y realista, con políticas económicas creíbles que tienen como objetivo reforzar la estabilidad macroeconómica y que abordarán los retos profundamente arraigados de Argentina para lograr un crecimiento sostenible. De hecho, el FMI prevé que la economía argentina crezca entre un 3,5% y un 4% durante 2022 y que la inflación se desacelere hasta situarse entre un 38% y un 48% desde su nivel actual del 51%. Por otra parte, el Departamento de Comunicaciones del FMI emitió un comunicado expresando que el FMI "espera con interés seguir trabajando con las autoridades para apoyar a Argentina y a su pueblo"[2].

Una vez aprobado por el Congreso de Argentina y el Directorio del FMI, el Acuerdo tendrá el potencial de aumentar el nivel de credibilidad y estabilidad económica de Argentina, lo que se traducirá en más inversiones en la región, necesarias para fortalecer la tesorería del Banco Central y superar la crisis socioeconómica.

Referencias

[1] Definido como: (Sector Público Nacional No Financiero) la administración central, las instituciones de seguridad social, las instituciones descentralizadas (Administración Nacional), y PAMI, fondos fiduciarios, y otras entidades y empresas del gobierno federal.

[2] Comunicado de prensa del Departamento de Comunicación del FMI nº 22/56 3 de marzo de 2022